La Junta de Gobierno aprueba inicialmente el proyecto de expropiación de los bienes afectados por el encauzamiento del barranco de Barenys

La Generalidad de Cataluña pagará los 4,2 millones de euros en que se han valorado las 27 fincas

La Junta de Gobierno Local de Salou (JGL) ha dado luz verde en la reunión de esta mañana a la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de obras del nuevo encauzamiento del barranco de Barenys en el ámbito del tramo final. Este trámite de obtención de la titularidad de las fincas es indispensable para poder llevar a cabo la obra en esta zona, ubicada entre la vía del ferrocarril y el paseo Marítimo y que se prevé inicie en un año. El proyecto de expropiación afecta a un total de 27 fincas construidas en las calles por donde discurrirá el tramo final del barranco y que se encuentran en Valencia, Sol, Paseo Miramar y Barenys y afectan a viviendas individuales, edificios, bajos comerciales y aparcamientos.

El alcalde Pere Granados, ha explicado como "desde el Ayuntamiento de Salou estamos dispuestos en los trámites para conseguir finalmente el encauzamiento del barranco y hacemos un seguimiento cuidadoso del convenio que firmamos con la Generalidad de Cataluña para trabajar juntos en esta necesidad que tiene Salou y en especial el barrio de la Salud ". El alcalde también ha querido recordar como "estos últimos aguaceros han puesto de manifiesto la necesidad de desviar y canalizar el barranco para eliminar de forma definitiva una problemática histórica que sufre Salou. Estamos acelerando al máximo los trámites para que el 2017 esté terminada la obra ".

Asimismo, en la reunión de hoy de la JGL también se ha aprobado inicialmente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de este ámbito, el cual debe seguir el trámite en los próximos meses y hasta que el Ayuntamiento obtenga en titularidad las fincas mencionadas, sin las cuales no puede iniciar la obra. Tras el acuerdo de hoy de la JGL expondrá a información pública y también se notificará personalmente a todos los propietarios interesados. Asimismo, los trámites legales pasan por una posterior notificación a la Generalidad de Cataluña. Hay que recordar que precisamente, la Generalidad, es la administración encargada de pagar el coste de las expropiaciones, que se eleva a 4,2 millones de euros, y que se financian a través del convenio que firmó el alcalde Pere Granados en nombre del Ayuntamiento de Salou con el departamento de Territorio y Sostenibilidad y también de Economía y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña de marzo de 2015.