La actuación en la Aduana ha sido siempre de acuerdo con la legalidad y en cumplimiento de las decisiones de los tribunales

Ante la noticia aparecida, donde los partidos de la oposición de Salou, Ciudadanos, PP, y ERC, piden una auditoría interna y la celebración de un pleno extraordinario sobre el tema de la Aduana, el alcalde de Salou, Pere Granados, manifiesta que "es incomprensible que se quiera crear un estado de alarma social en torno a un tema que se generó en el año 2003 con la aprobación del POUM, votado favorablemente por el PP, y que ha tenido siempre un carácter puramente jurídico, desde su impugnación hasta que el TSJC resuelto en sentencia una indemnización el año 2010".

En este sentido el alcalde dice que "aún así, a pesar de no tener nada que ver con la gestión municipal, desde el propio gobierno y de forma extrajudicial llega a alcanzar un acuerdo con la propiedad del solar para restituir los sus derechos; y es la Generalitat quien no lo aprueba ". En este sentido el alcalde matizaba que "a partir de este momento nosotros continuamos con voluntad de dialogar para avanzar hacia un nuevo acuerdo, y lamentablemente ya no obtuvimos respuesta por parte de la propiedad AMSAMAR".
Sobre la pretensión de la oposición (auditoría y plenario), el alcalde responde que "siempre hemos sido transparentes en este tema, incluso en el momento que hicimos intervenir en defensa de los intereses generales habiendo restituido a la vez los derechos de la propiedad; y en este sentido continuaremos facilitando toda la información necesaria para demostrar a los ciudadanos que se ha actuado con responsabilidad y de acuerdo con la legalidad, a pesar de que ahora, algunos quieran hacer planear fantasmas sobre la Aduana de forma interesada ". Apuntaba también que el gobierno siempre ha explicado en diversas comisiones el contenido de las resoluciones del tribunal, "y los concejales interesados ​​siempre han tenido a su disposición la documentación".

El alcalde advertía también que "resulta absurdo hacer auditorías y debates políticos sobre asuntos que han estado en el ámbito jurídico, y que han sido juzgados y sentenciados por los tribunales; y por eso que quede claro que quien impulsa ahora hacer valoraciones sobre la acción de los tribunales y politizar sus decisiones no es este gobierno, sino los partidos de la oposición, haciendo una política poco rigurosa ".
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Marc Montagut, apunta que "la aprobación del cambio de uso de la Aduana aprobada en 2003 es absolutamente legal y así lo dice la propia sentencia del tribunal; que es en último término quien toma la decisión de de indemnización, rebajando la de los 14 millones que pretendía la empresa a 3'8, y que parece que a algunos no les ha gustado, vista su reacción ".
También remarcaba que "la oposición quiere aprovechar y llevar al terreno político lo que ha sido estrictamente un tema jurídico; y por lo tanto no tiene sentido pedir responsabilidades políticas, que no sea para usarlo como instrumento para intoxicar y confundir a la opinión pública levantando falsas sospechas ".