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La consellera de Justicia agradece al Ayuntamiento la contratación del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

viernes 02 noviembre 2007

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha agradecido al alcalde de Salou, Antonio Banyeres, la confianza' y la 'comprensión' que ha tenido en el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), a la hora de encargar las obras de rehabilitación de la nueva sede de la Escola Oficial d'Idiomes (EOI), situada en la planta baja del consistorio; y del muro de contención junto a la vía del tren. 'Salou nos sirve de ejemplo para extender esta fórmula de rehabilitación de los presos en cualquier parte de Catalunña', ha afirmado.

El CIRE, recordemos, es una empresa pública del Departament de Justícia de la Generalitat que se ocupa de la reinserción de las personas privadas de libertad, mediante la formación profesional ocupacional y el trabajo productivo.

La consellera también ha explicado que ha estado hablando con el alcalde sobre 'otras posibles tareas' que podrían llevar a término en el futuro los presos que 'están en condiciones de trabajar'. Entre las tareas que realizarán de forma más inmediata, se encuentran las obras de rehabilitación integral de la sede del antinguo consistorio, que una quincena de internos empezará a ejecutar en quince días y que durarán unos 3 meses. En este edificio se instalarán las oficinas de Acción Social y de la Policía Local. El proyecto tiene un presupuesto de 600.000 euros.

Por otra parte, Antonio Banyeres aprovechó la visita de Montserrat Tura, que tuvo lugar el pasado miércoles, para pedirle unos juzgados para el municipio. Una petición sobre la que, según dijo la consellera, no puede posicionarse el gobierno catalán porque no tiene competencia para hacerlo. Sin embargo, afirmó: 'Hemos solicitado al Ministerio de Justicia que cuando revise la ley orgánica del poder judicial incorpore la posibilidad de que Cataluña y el resto de comunidades autónomas puedan intervenir en la determinación de las demarcaciones judiciales. Espero que esto lo pueda decidir en el futuro el gobierno catalán y no el Estado, como pasa ahora'.

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