DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
martes 20 julio 2004
FERRAN UNITS PER SALOU, partido independiente de clara vocación municipalista, acoge con satisfacción noticias como la que recientemente apareció en un diario de ámbito estatal en la cual aseguraba que en Cataluña, los Ayuntamientos podrían participar en las decisiones sobre la sanidad pública. Se aseguraba así mismo que el Departamento de Salud está preparando para el próximo otoño una ley que permitirá el traspaso de más de 300 ambulatorios de la Generalitat a las administraciones locales.
Incidía también la noticia en que los municipios tendrán voz en la futura Agencia de Salud Pública de Cataluña.
La orientación que se adivina en el nuevo periodo legislativo, en modo alguno puede considerarse un hecho raro y aislado, pues el programa electoral del principal partido que sustenta al ejecutivo actual al frente de la Generalitat incidía de forma notable en la descentralización administrativa en áreas estratégicas como la sanidad, educación, etc. como uno de los objetivos para optimizar recursos, superar desconfianzas mutuas y aumentar la eficacia en la gestión pública.
Sin embargo, los pasos que se están dando, aunque tímidos, han levantado recelos en diferentes sectores profesionales y sindicales. Es lógico que esto suceda en un país caracterizado por la rigidez y el inmovilismo en una administración pública donde la innovación y flexibilidad son imprescindibles para adaptarse progresivamente a los imparables cambios sociales que se producen a velocidad vertiginosa.
Es evidente que estos grandes cambios necesarios en sectores estratégicos cuestan de llevar a cabo al tener que superar las suspicacias, anquilosamiento y corporativismo que levantan en colectivos que temen lo desconocido. Y sin embargo, en mi opinión estos cambios legislativos son imprescindibles.
La tendencia es, pues, positiva. Nadie mejor que los gobernantes locales conocen las necesidades de las ciudades. Ninguna administración incide tanto en el día a día de los ciudadanos, abarcando aspectos muy por encima del listón a que las leyes les obligan.
Parece, pues, claro que descentralización y modernidad van de mano y se encaminan hacia un futuro en el que, naturalmente, el cambio en el modelo de financiación local ha de romper sin complejos moldes obsoletos que encorsetan las enormes posibilidades de los entes locales Y éste, es un momento idóneo para materializar los anhelos de los responsables locales, que con generosidad debieran reflejarse en los cambios de financiación que, con toda seguridad recogerá el futuro Estatuto de Cataluña, ahora en estudio y debate.
Incidía también la noticia en que los municipios tendrán voz en la futura Agencia de Salud Pública de Cataluña.
La orientación que se adivina en el nuevo periodo legislativo, en modo alguno puede considerarse un hecho raro y aislado, pues el programa electoral del principal partido que sustenta al ejecutivo actual al frente de la Generalitat incidía de forma notable en la descentralización administrativa en áreas estratégicas como la sanidad, educación, etc. como uno de los objetivos para optimizar recursos, superar desconfianzas mutuas y aumentar la eficacia en la gestión pública.
Sin embargo, los pasos que se están dando, aunque tímidos, han levantado recelos en diferentes sectores profesionales y sindicales. Es lógico que esto suceda en un país caracterizado por la rigidez y el inmovilismo en una administración pública donde la innovación y flexibilidad son imprescindibles para adaptarse progresivamente a los imparables cambios sociales que se producen a velocidad vertiginosa.
Es evidente que estos grandes cambios necesarios en sectores estratégicos cuestan de llevar a cabo al tener que superar las suspicacias, anquilosamiento y corporativismo que levantan en colectivos que temen lo desconocido. Y sin embargo, en mi opinión estos cambios legislativos son imprescindibles.
La tendencia es, pues, positiva. Nadie mejor que los gobernantes locales conocen las necesidades de las ciudades. Ninguna administración incide tanto en el día a día de los ciudadanos, abarcando aspectos muy por encima del listón a que las leyes les obligan.
Parece, pues, claro que descentralización y modernidad van de mano y se encaminan hacia un futuro en el que, naturalmente, el cambio en el modelo de financiación local ha de romper sin complejos moldes obsoletos que encorsetan las enormes posibilidades de los entes locales Y éste, es un momento idóneo para materializar los anhelos de los responsables locales, que con generosidad debieran reflejarse en los cambios de financiación que, con toda seguridad recogerá el futuro Estatuto de Cataluña, ahora en estudio y debate.
